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Notarios y Estado: Alianza por la seguridad jurídica

15 de octubre, 2018
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Un compromiso con la seguridad jurídica y el país. Días atrás, el Colegio de Notarios de Lima expresó su completa predisposición a colaborar con el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, y anunció que, desde el 1 de enero del próximo año, entregará a las autoridades información relevante respecto a las transacciones en que dan fe.

En otras palabras, remitirá todos los meses, y ya no una vez al año, a la Sunat y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportes de todos aquellos actos celebrados por las personas, empresas y entidades, producto de las actividades económicas que realizan, y aportar así al esfuerzo del Estado, y de la sociedad, de luchar contra estos flagelos.

Entre la información que los notarios comunican mediante estas declaraciones tenemos, por ejemplo, la relativa a la legalización de libros de actas, libros y registros contables de entidades y empresas. Así como la vinculada con las escrituras públicas que contengan operaciones patrimoniales, como la transferencia o cesión de bienes muebles o inmuebles, anticipos de legítima, arrendamientos financieros, entre otras.

El compromiso del notariado peruano en la lucha contra el lavado de activos va más allá. La institución también puso en conocimiento del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) las medidas específicas que desarrollan para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Así, el notariado es, después de los bancos, la entidad que más información envía para prevenir el lavado de activos.

Incluso como soporte imprescindible de la seguridad jurídica, con una labor afincada en la deontología y la ética, el notariado también está presente en el desarrollo socioeconómico del país. Así, en sus momentos más difíciles, se puso a disposición de las autoridades gubernamentales para contribuir en forma gratuita con la titulación de los predios afectados por los desastres naturales, en beneficio de las personas damnificadas por los embates del Fenómeno de El Niño.

De igual manera, ha ofrecido al Poder Ejecutivo otorgar descuentos en la prestación de los servicios notariales a las personas de los sectores vulnerables, como las favorecidas por el programa Pensión 65 y los comedores populares, así como a las discapacitadas.

Aunque existen planes mayores de esta institución a favor de la formalización del país. Así, ya se tiene un ofrecimiento para aportar a aspectos del saneamiento de titulación en zonas afectadas por los desastres naturales, regularización de la personería jurídica de las organizaciones sociales de base como clubes de madres, comedores populares autogestionarios, centros materno-infantiles, comités del vaso de leche, empadronamiento de los beneficiarios de Pensión 65 y de personas con discapacidad, entre otros miembros de los sectores más necesitados del país.

La función notarial, que da fe de los actos y contratos que se realizan ante estos profesionales del Derecho, afianza de modo insustituible la seguridad jurídica, y es soporte vital del Estado de derecho y contribuye a la paz social.

Sin duda, estas acciones evidencian un compromiso de lucha contra de la corrupción y este importante gremio nacional es un aliado del Estado a favor de la seguridad jurídica y de todas las luchas contra cualquier forma de delito, entre ellas, el lavado de activos, la corrupción y el crimen organizado.

(Artículo publicado en el Diario Oficial El Peruano, Lunes 15 de Octubre de 2018, Sección Opinión/Editorial, Pág. 12).

 

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